Posible impacto en un contexto de crisis política y social
Agencias/Elapogeoqroo
Carcacas, Venezuela, 25 de abril de 2024. La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado se estableció en Venezuela en 2019 bajo la presidencia de Michelle Bachelet. Sin embargo, fue expulsada el 15 de febrero después de expresar su preocupación por la detención de Rocío San Miguel, abogada militar acusada de terrorismo por sus supuestos vínculos con un plan para asesinar a Nicolás Maduro.
El Gobierno venezolano ha acusado a la oficina de la ONU de ser parcial y de actuar en favor de grupos golpistas y terroristas. En este contexto, ¿qué significaría su reapertura en este momento?
Según Gonzalo Himiob Santomé, vicepresidente de la ONG Foro Penal, su regreso podría contribuir a frenar las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela, especialmente contra quienes se oponen al gobierno. Sin embargo, advierte que durante su presencia anterior, las violaciones no cesaron por completo.
La reapertura de la oficina de la ONU proporcionaría un canal directo para recibir testimonios de violaciones de derechos humanos, lo que podría ejercer cierta presión sobre el gobierno para moderar su comportamiento.
Himiob Santomé destaca que la persecución política se ha intensificado en Venezuela, con la detención de activistas políticos y la ilegalización de partidos opositores. Según Foro Penal, hay actualmente 269 "presos políticos" en el país, incluyendo a líderes de la sociedad civil como Javier Tarazona y Rocío San Miguel.
En resumen, la reapertura de la oficina de la ONU en Venezuela podría ofrecer un rayo de esperanza para la protección de los derechos humanos en un país marcado por la crisis política y social, aunque su impacto real dependerá de cómo se maneje y se utilice esta oportunidad en medio de un clima de tensiones políticas.
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