El organismo advierte que criterios amplios o medidas preliminares podrían generar incertidumbre y afectar sectores claves como el turismo
Redacción/Elapogeoqroo
Cancún, Quintana Roo, 2 de abril de 2024.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Quintana Roo hizo un llamado firme a que las resoluciones judiciales relacionadas con el patrimonio cultural no afecten el empleo ni la inversión en el estado, al advertir que está en juego el equilibrio entre desarrollo económico y protección de las comunidades originarias.
Lo anterior, tras la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un caso vinculado a Grupo Xcaret, la cual —subrayaron— no resuelve el fondo del litigio, pero sí marca criterios relevantes sobre la protección del patrimonio cultural como un asunto de orden público e interés social.
Destacó que, si bien respeta plenamente las decisiones del Poder Judicial, es indispensable que cualquier resolución se emita con certeza jurídica, proporcionalidad y responsabilidad institucional, especialmente en una entidad como Quintana Roo, donde el turismo es motor económico.
El organismo empresarial enfatizó que Grupo Xcaret representa un pilar estratégico para la economía estatal, al proyectar más de 17 mil empleos directos en 2025 y generar un impacto indirecto que beneficia a más de 65 mil familias proveedoras.
Asimismo, señaló que la protección del patrimonio cultural —particularmente del pueblo maya— no debe plantearse como una disyuntiva frente al desarrollo, sino como una oportunidad para construir un modelo que integre respeto, inclusión y crecimiento económico.
En este contexto, advirtió que interpretaciones amplias o efectos anticipados derivados de resoluciones preliminares podrían generar incertidumbre jurídica y limitar la participación del sector empresarial en la promoción cultural, debilitando tanto la inversión como la proyección internacional de la riqueza cultural del país.
Finalmente, Coparmex Quintana Roo hizo un llamado a privilegiar el diálogo institucional y a evitar que controversias legales impacten a trabajadores y sectores productivos, al reiterar que México puede y debe avanzar en la protección de su patrimonio sin frenar el desarrollo económico.
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